La familia Calzada es acusada de operar, junto con políticos y notarios de Querétaro, un «cártel inmobiliario» que acapara agua y despoja tierras para favorecer a inmobiliarias.
Sugeyry Romina Gándara |Ciudad de México, 1 de abril 2026 – 12:05 am (SinEmbargo).– La exposición pública de la familia Calzada por el uso de concesiones de agua para especular y lucrar con su venta sería apenas la punta del iceberg de lo que ocurre en Querétaro, entidad gobernada por el PAN. De acuerdo con diversas denuncias, existe una amplia red de intereses que ha permitido la consolidación de un presunto “cártel inmobiliario”, integrado por políticos de distintos partidos, funcionarios locales y municipales, empresarios e incluso notarios.
Manuel Zamorano Escobar, vecino y activista, ha documentado durante años el acaparamiento de agua y diversas irregularidades en la zona. Con más de tres décadas como residente del fraccionamiento Campestre San Isidro, en el municipio de El Marqués —propiedad de la familia Calzada desde hace décadas—, sostiene que lo revelado recientemente es solo una parte del problema.
“Lo que pasa en Querétaro, que presumen que está muy bien y que es legal, como lo acaba de decir Mario Calzada, que él no es delincuente, no es así”, afirmó en entrevista con SinEmbargo.
Zamorano insistió en que lo presentado en la conferencia matutina sobre el uso y la comercialización del agua muestra apenas una fracción de un entramado mayor. Según explicó, en Querétaro opera un grupo que ha crecido en el sector inmobiliario mediante el control del uso de suelo y del agua, con la intervención de autoridades que autorizan densidades habitacionales que multiplican las ganancias.
A este entramado lo define como un «cártel inmobiliario», cuyo modus operandi —aseguró— incluye el despojo de tierras a ejidatarios, seguido del uso de mecanismos como concesiones de agua, pozos —incluso ilegales— y autorizaciones gubernamentales para desarrollar vivienda.
“El cártel inmobiliario en el que participan los Calzada no está integrado solo por ellos: participan todos los políticos. En Querétaro no hay división entre PRI y PAN, son la misma familia”, afirmó.
Como ejemplo, relató diversos casos en los que ejidatarios y habitantes con décadas de residencia en comunidades como La Purísima, Bolaños, Navajas, Coyotillos, Viborillas, El Pozo, Cerro Prieto, Santa Cruz y La Cañada habrían sido desalojados tras procesos irregulares.
El activista recalcó que esta información no es nueva para las autoridades. Desde 2023 —dijo— ha presentado denuncias en las que documenta despojos de tierras, robo de agua y el uso irregular de concesiones, así como la existencia de pozos clandestinos.
En ese contexto, detalló que se abrieron diversas carpetas de investigación ante la Fiscalía General de la República (FGR), entre ellas: FED/QRO/QRO/0000984/2023 y FED/QRO/QRO/0000983/2023 (Ejido Bolaños); FED/QRO/QRO/0000567/2023 (El Pozo); FED/QRO/QRO/0000515/2023 (La Purísima); y FED/QRO/QRO/0002130/2023 (La Cañada).
En dichas denuncias señala como presuntos involucrados a diversos actores políticos, entre ellos Humberto Palacios Alcocer, así como a los García Alcocer, también familiares del exgobernaador Mariano Palacios Alcocer, e incluso también acusan al actual Gobernador Mauricio Kuri González, de formar parte; Humberto Palacios Kuri, entre otros.
De acuerdo con Zamorano, en estos procesos también participan notarías públicas y funcionarios que habrían facilitado la obtención irregular de documentos del Registro Agrario Nacional.
En días recientes, el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, informó que la familia Calzada posee cinco concesiones de uso agrícola que les permiten acceder a 628 mil metros cúbicos de agua de uno de los acuíferos con mayor déficit del país.
Según explicó, estas concesiones —vinculadas al exgobernador José Calzada Rovirosa y al Diputado Mario Calzada— se habrían utilizado para abastecer desarrollos inmobiliarios e incluso un club de polo de alto consumo, lo que derivó en sanciones tras la aplicación de la Ley de Aguas.
Los Calzada forman parte de uno de los clanes prianistas con mayor arraigo en la política queretana. Su patriarca, Antonio Calzada Urquiza, gobernó el estado de 1973 a 1979, mientras que su hijo, José Calzada Rovirosa, fue Gobernador entre 2009 y 2015, tras formar parte del gabinete de Enrique Peña Nieto como titular de la Secretaría de Agricultura.
Por su parte, los hermanos Mario y Miguel Calzada Mercado, primos del exgobernador, habrían conservado desde 1997 una concesión de uso agrícola (QRO102794) que les permite extraer hasta 240 mil metros cúbicos de agua al año en El Marqués. No obstante, la Conagua canceló temporalmente dicha concesión tras detectar que el recurso se utilizaba para fines distintos a los autorizados.
El boom inmobiliario
El estado de Querétaro, con una población de al menos 2.3 millones de habitantes —según el Censo 2020 del INEGI—, ha registrado un auge sostenido impulsado por su posición estratégica en el Bajío industrial, así como por el proyecto del tren México-Querétaro, que fortalecerá su conexión con la capital del país.
En ese contexto, el sector inmobiliario se ha consolidado como uno de los más lucrativos del país. Los precios de la vivienda se han disparado, como advierte Zamorano: “Una casa en Querétaro cuesta entre 7 y 15 millones de pesos; es increíble, no lo vale, pero lo pagan”.
El activista explicó que el municipio de El Marqués concentra buena parte de este crecimiento debido a la disponibilidad de tierra. “Querétaro ya no tiene superficie para desarrollar; Corregidora tampoco. Solo El Marqués cuenta con suelo apto para fraccionar”, señaló.
De acuerdo con el proyecto del Tren México-Querétaro, una de las estaciones estará ubicada precisamente en ese municipio, lo que incrementa aún más su valor estratégico.
Es también en El Marqués donde se han documentado diversos casos de ejidos afectados por un presunto esquema de despojo, en el que habitantes habrían sido desplazados tras procesos irregulares.
El ejido Cerro Prieto destaca como uno de los ejemplos más representativos de la operación de un supuesto “cártel inmobiliario” en la entidad. Según denuncias, ejidatarios que poseían más de mil hectáreas fueron despojados de sus tierras durante la gestión de Mario Calzada como presidente municipal de El Marqués.
De acuerdo con el activista, durante esa administración se publicó en el Periódico oficial la donación anticipada de terrenos al Ayuntamiento por parte de personas que no residían en la zona. Posteriormente, ya bajo el gobierno del también panista Enrique Vega Carriles, se habría ejecutado el desalojo.
“Sacaron a golpes a toda esa gente que ha vivido ahí toda su vida, y hoy ya están construyendo una infinidad de casas”, denunció.
El mecanismo, explicó, consistió en una “donación anticipada” al municipio para autorizar un fraccionamiento, la cual fue publicada en el Periódico oficial el 14 de septiembre de 2018.
Dicha donación habría sido realizada por personas físicas y morales que no eran ejidatarios ni posesionarios de las tierras. Meses después, ya bajo la administración de Enrique Vega Carriles, se ejecutó el desalojo de los habitantes que ocupaban esos terrenos desde la década de 1960, presuntamente mediante el uso de la fuerza.
Asimismo, el denunciante aseguró que en el ejido Santa Cruz, con una extensión de mil 420 hectáreas —donde actualmente se ubican fraccionamientos como Zakia y Zibatá—, existen 17 amparos firmes y una sentencia definitiva que prohíbe realizar actos en favor de terceros.
Sin embargo —según indicó— continúan las construcciones, ventas y escrituraciones, pese a que estos desarrollos no podrían regularizar la propiedad de las viviendas.
Zamora agregó que estos hechos ya han sido denunciados formalmente en querellas presentadas en 2023, cuando Alejandro Gertz Manero se desempeñaba como Fiscal General. Incluso, afirmó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador habría tenido conocimiento del caso, ya que le presentó la documentación sobre la presunta operación de este “cártel inmobiliario”, según relató en entrevista.
No obstante, aseguró que las investigaciones no han avanzado: “Existen carpetas de investigación sobre estos asuntos sin que caminen”, señaló.
Los García Alcocer
En sus denuncias, Zamorano también expone otros casos, como el del ejido La Purísima, donde —asegura— sin que mediara solicitud de los ejidatarios, se modificó el destino de 103 hectáreas de uso común para convertirlas en parcelas a favor de seis beneficiarios. A ello se suman otras 156 hectáreas que, según su versión, habrían sido adquiridas mediante amenazas y a precios por debajo del mercado. Como operador de este proceso identificó a Luis Alfonso García Alcocer, familiar del exgobernador Mariano Palacios Alcocer.
En La Cañada, el activista denunció el presunto despojo de 3 mil 156 hectáreas mediante la simulación de asambleas ejidales. Como ejemplo, mencionó el caso de una parcela asignada en 2022 a una persona que —afirmó— posee, junto con su familia, decenas de terrenos en la misma zona.
De acuerdo con el título de propiedad 1002809, la parcela 200Z-3P1/2 del ejido La Cañada —hoy Villa del Marqués del Águila— quedó a nombre de Hilda García Jimeno Alcocer.
Según una revisión de SinEmbargo, Hilda García Jimeno Alcocer aparece, al igual que Luis Alfonso García Alcocer, como representante legal de la sociedad mercantil Inmobiliaria Cordillera, de acuerdo con la Gaceta del Municipio de Querétaro del 1 de abril del año pasado. En ese documento se establece que, mediante la escritura pública número 40,971, fechada el 7 de mayo de 2014, dicha empresa —cuyo administrador único es Luis Alfonso García Alcocer— otorgó poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio a Hilda García Jimeno y José Lecona García, para ejercerse de manera conjunta o separada.
Además, Hilda García Jimeno Alcocer y Luis Alfonso García Alcocer han mantenido operaciones de compraventa y donación de terrenos con el Gobierno estatal encabezado por Mauricio Kuri. Así consta en un decreto enviado por el Ejecutivo local al Congreso de Querétaro para solicitar la autorización de diversos movimientos inmobiliarios, en el que se documenta que el Estado ha adquirido y recibido predios de integrantes de la familia García Alcocer, entre ellos José Antonio, Roberto, Gloria Eugenia, Martha Elsa, Luis Felipe, María Guadalupe, Héctor Octavio y María Isabel García Alcocer, así como María Lorena García Jimeno Alcocer, diputada federal panista y ex titular del Instituto de la Vivienda de Querétaro.
De acuerdo con esos documentos, las operaciones se realizaron de forma escalonada. Por ejemplo, el organismo Servicios de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ) adquirió la fracción 8 —de 40 mil metros cuadrados— del predio “Granja El Cristo”, donde actualmente se ubica el nuevo Hospital General de Querétaro. Posteriormente, la misma familia donó otro terreno; más tarde, el Estado compró un predio adicional de 7 mil metros cuadrados y, finalmente, adquirió otra fracción —la F-1— de 12 mil 766 metros cuadrados.
En estos movimientos se observa que los montos pagados por el Estado superan, en proporción, el valor de los terrenos donados. Por la fracción 8, de cuatro hectáreas, se pagaron 160 millones de pesos —frente a un valor estimado de 180 millones—, mientras que la fracción 7, de menos de una hectárea, fue donada con un valor de 11.5 millones de pesos. Posteriormente, el Estado adquirió también la fracción F-9, de 1.27 hectáreas, mediante una compraventa realizada el 13 de diciembre de 2018, por un monto de 50 millones 650 mil 829.44 pesos.
El hecho de que la superficie donada —0.77 hectáreas— sea prácticamente equivalente a la destinada posteriormente a vialidades sugiere que la familia habría cedido únicamente el suelo necesario para que el Estado dotara de infraestructura, lo que, a su vez, incrementa el valor de los terrenos colindantes.
Entre los vendedores y donantes identificados en estos contratos figuran Hilda García Jimeno Alcocer, Luis Alfonso García Alcocer, José Antonio García Alcocer, Roberto Luis García Alcocer, Gloria Eugenia García Alcocer, Martha Elsa García Jimeno Alcocer, Luis Felipe García Alcocer, María Guadalupe García Alcocer, Héctor Octavio García Alcocer, María Isabel García Alcocer, María Lorena García Jimeno Alcocer, Alejandro Tiburcio García Álvarez, María Isabel Guadalupe García Álvarez y Pedro García Álvarez.
Contratos de compa-venta y donación.
Hilda García Jimeno Alcocer, representante de la inmobiliaria, es —según habitantes de la zona— hermana de la diputada María Lorena García Alcocer. De acuerdo con el activista Zamorano, ambas forman parte de una red familiar con vínculos políticos en la entidad:
“Lorena García Alcocer y Hilda García Alcocer son hermanas. Su padre fue José Antonio García Jimeno y su madre, Carmela Alcocer Pozo. La madre del exgobernador Mariano Palacios Alcocer (1985-1991) fue abuela de ambas, por lo que son primas hermanas tanto de él como de su hermano Humberto Palacios Alcocer, quien —según denuncias— agredió a una mujer de 88 años en el contexto del despojo de 71 hectáreas colindantes con su Hacienda Amazcala, en El Marqués”, afirmó.
Una de las conexiones entre las familias Calzada y Alcocer es que, entre otros vínculos, han dado fe desde sus notarías de la constitución de sociedades mercantiles. Así consta en la Gaceta del 1 de abril, donde se establece que, mediante la escritura pública número 2,950, fechada el 10 de abril de 2005, ante el notario adscrito Miguel Calzada Mercado —de la Notaría Pública número 34, cuyo titular es Jesús María Mercado—, comparecieron Carmen Alcocer Pozo y Luis Alfonso García Alcocer para constituir la sociedad Inmobiliaria Cordillera, S.A. de C.V.
En dicho acto se designó a Luis Alfonso García Alcocer como administrador único o presidente del consejo de administración, con poder general para pleitos y cobranzas, así como para actos de administración y de dominio.
El activista destacó que toda la documentación recabada ya fue enviada a la Presidencia de la República, donde solicita la intervención de la Presidenta Claudia Sheinbaum para atender las denuncias. Señaló, además, que confía en que el caso pueda ser atraído por la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, a quien atribuye experiencia en la investigación de «cárteles inmobiliarios», como ocurrió en la Ciudad de México.
“Necesitamos combatir la corrupción, y la corrupción se enfrenta con acción. Requerimos apoyo para atender el problema del cártel inmobiliario”, expresó.
Asimismo, mencionó el caso del ejido Bolaños, donde —según su denuncia— el actual Gobernador Mauricio Kuri González, en presunta asociación con Humberto Palacios Alcocer, habría participado en el despojo de tierras mediante el uso de un poder notarial que califica como irregular, incluso en casos que involucrarían a ejidatarios ya fallecidos.
El negocio del agua
Uno de los casos que dejó al descubierto los presuntos negocios irregulares de la familia Calzada —tras ser expuesto en la conferencia matutina del pasado 23 de marzo— es el del desarrollo inmobiliario y deportivo Polo y Ski. La empresa fue constituida en mayo de 2010 por los hermanos Mario y Miguel Calzada Mercado, en el periodo en que José Calzada gobernaba Querétaro.
Se trata, además, de un asunto que ya había sido documentado por el activista Zamorano en las denuncias por “robo equiparado” que presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) en 2023, y que previamente había señalado ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) desde 2019.
De acuerdo con los documentos presentados, Zamorano denunció que la empresa Polo y Ski explota y utiliza aguas nacionales; sin embargo, sostuvo que dicha actividad se realizó con base en un título de concesión a nombre de Miguel Calzada Mercado, quien falleció en 2014.
Según su versión, tras la clausura del pozo se habría otorgado una nueva concesión en 2022 a nombre de una persona relacionada, modificando el uso original —agrícola— hacia otros fines, lo que, afirma, contraviene la Ley de Aguas Nacionales. Asimismo, acusa que tanto la empresa como una asociación de colonos comercializan el agua sin ser titulares de la concesión.
De acuerdo con una investigación publicada por la revista Proceso en junio de 2015, durante la administración municipal de Rubén Galicia Medina en El Marqués (2009-2012), el Ayuntamiento habría facilitado que la empresa se apropiara de un terreno valuado en 4 millones 161 mil pesos. En septiembre de 2010, el municipio firmó un contrato mediante el cual recibió un predio de 29 mil 830 metros cuadrados y, a cambio, permitió a la empresa compensar contribuciones municipales presentes y futuras —como el predial y los traslados de dominio—.
Además, aunque existía un avalúo oficial de 7.4 millones de pesos, el Cabildo aceptó otro presentado por la familia Calzada que elevaba el valor a 14.6 millones, lo que generó un saldo a favor utilizado como “crédito” para evitar pagos que le correspondían por el desarrollo inmobiliario.
De acuerdo con Zamorano, el crecimiento del sector inmobiliario en la entidad se sostiene en dos elementos clave: el control del suelo y del agua.
En materia hídrica, otra de las denuncias apunta a la empresa Abastecedora Queretana de Agua y Alcantarillado, la cual —según el activista— explota tres pozos cuyos títulos pertenecen a la Comisión Estatal de Aguas para uso público urbano. Esto, afirma, constituiría un uso indebido al comercializar el recurso en desarrollos habitacionales.
Al menos cinco denuncias es lo que ha presentado el activista ante la FGR contra el presunto cártel inmobiliario, mismas que no han avanzado.
El expediente también incluye una denuncia penal presentada el 2 de febrero de 2023 en la Ciudad de México por presuntos delitos de omisión, daño ambiental y robo de agua. En ella se señala la extracción de aguas nacionales sin concesión, así como posibles ilícitos fiscales relacionados con el cobro indebido de IVA por el servicio de agua y el traspaso irregular de concesiones de uso público urbano.
La denuncia fue respaldada por más de mil 200 firmas de ciudadanos de Querétaro, quienes además acusaron una presunta privatización ilegal del recurso hídrico y el incumplimiento de compromisos con comunidades de Zimapán, Hidalgo, y Maconí, en el municipio de Cadereyta, Querétaro.
Asimismo, en escritos entregados al expresidente Andrés Manuel López Obrador, Zamorano denuncia una posible colusión entre funcionarios de distintos niveles de gobierno —federal, estatal y municipal—, así como de notarías, el Tribunal Agrario y la Procuraduría Agraria, en procesos relacionados con el despojo de tierras ejidales.
Entre los casos referidos destaca la expropiación de más de 700 hectáreas a ejidatarios de Navajas, Coyotillos y otras comunidades en 2002, durante el gobierno de Vicente Fox Quesada, para la construcción del Aeropuerto Internacional de Querétaro, sin que —según la denuncia— se hayan cumplido los acuerdos de pago.
